Una alteración drástica en la distribución del gasto público se oficializó en Gómez Palacio ante el inminente colapso de su sistema de drenaje. La presidencia municipal ejecutó un recorte del 40 por ciento a sus áreas operativas directas para inyectar liquidez a un programa de rescate hidro-sanitario que no admite prórrogas.

Las auditorías internas y la reorganización del presupuesto derivaron en la descapitalización de dependencias como Comunicación Social, la Sindicatura y el propio Cabildo. El capital extraído de la burocracia alimentará el recién creado Fondo Municipal del Drenaje, que arranca operaciones con una bolsa de casi 18 millones de pesos.

Esta reasignación de partidas presupuestales busca mitigar un problema histórico de salud pública y planeación urbana. La administración municipal ha declarado que «no hay margen para simulaciones», asumiendo la responsabilidad política de retirar fondos a la promoción gubernamental para enterrarlos en infraestructura no visible pero crítica.

El escrutinio sobre estos recursos se intensifica al sumar los aportes federales. El gobierno local ha ordenado que el 70 por ciento del total del recurso federal asignado al municipio se destine exclusivamente a obras hidro-sanitarias, blindando el capital contra desvíos hacia proyectos de ornato o de menor urgencia técnica.

El deterioro del alcantarillado, visible en el desbordamiento constante de aguas negras en diversas colonias, expone años de subejercicio y falta de mantenimiento preventivo por parte de administraciones pasadas. La actual gestión se enfrenta al reto de documentar y transparentar la aplicación de cada peso de los 18 millones en licitaciones y contratos de obra pública.

Las primeras intervenciones documentadas incluyen la operación de camiones de succión al vacío, reemplazo de tuberías troncales e inspecciones en plantas de tratamiento. La trazabilidad de estas obras será fundamental para comprobar que el sacrificio del gasto corriente se traduzca en una infraestructura funcional.

El gobierno municipal ha admitido que el presupuesto completo de obra pública de un año fiscal sería insuficiente para resolver el problema de raíz. Esta declaración establece un precedente de rendición de cuentas, fijando la atención en las futuras asignaciones presupuestales y en la fiscalización de los fondos estatales y federales involucrados.